El gobierno de Reino Unido aplicaba hasta el año pasado una medida consistente en instar a las personas que pidiesen asilo en el país, dada la homofobia de su países de origen, a ser «discretos» con su orientación sexual para evitar las consecuencias que ello supondría en su país.
Dicha medida fue prohibida por el Tribunal Supremo, al examinar el suceso y definir el mismo como una infracción flagrante de los derechos humanos.
Dada tal sentencia, el gobierno británico debería haber omitido desde entonces dicha política discriminatoria.
Pese a la creencia de que debería ser así, no se puede confirmar dado que la ‘Agencias de Fronteras de Reino Unido’ ha estado evitando recopilar datos acerca de las peticiones de asilo que recibe, no mostrando, con ello, las personas que han alegado la discriminación de sus países de origen.

Con todo ello, se desconoce totalmente la situación actual de los solicitantes de asilo LGTB, dado que no existe ninguna información que avale el cumplimiento de los derechos humanos.